jueves, 5 de junio de 2014

IU llevará al Parlamento andaluz el debate sobre un referéndum para el modelo de estado

Miércoles, 4 de Jun de 2014
Castro apela al artículo 92 de la Constitución española: “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”


José Antonio Castro, portavoz del Grupo parlamentario de IULV-CA, ha presentado hoy la Proposición no de Ley que el Grupo elevará al Pleno del Parlamento, con la que pretende, además de llevar a la Cámara andaluza “el debate que está en la calle” sobre Monarquía - República, que la Junta inste al Gobierno de España a establecer y poner en marcha las disposiciones necesarias para que se realice en el ámbito del Estado Español un Referéndum sobre la forma política del Estado Español, que incluya como opción la República.
 
Castro ha señalado que tras la abdicación del Rey Juan Carlos I, se ha puesto de manifiesto el "creciente sentir republicano del pueblo español", con "masivas" manifestaciones en varias ciudades del país por lo que es importante llevar este debate a las Cámaras de representantes y según ha indicado, el Parlamento andaluz podría ser el único donde se dé el debate.
 
El portavoz de IU, que ha defendido que "no puede mantenerse el anacronismo de la institución monárquica", ha asegurado también que es hora de que los partidos se retraten en el Parlamento andaluz porque "no basta con decir que se tienen hondas raíces republicanas, sino que eso hay que demostrarlo".
 
Por otro lado, la iniciativa que defenderá IU pide al conjunto del Parlamento de Andalucía que manifieste su posición favorable a la apertura de un proceso constituyente, que permita, con la máxima participación social, dar paso a una nueva Constitución Española adaptada a la realidad actual y capaz de dar respuesta a las necesidades e inquietudes de la sociedad, entre otras, la forma política del estado, el modelo territorial, la defensa de los derechos y servicios públicos, la aplicación práctica de los principios de equidad, sostenibilidad, igualdad de género, transparencia y ética pública; y la función social de la riqueza y la propiedad.