La Consejería de Fomento y Vivienda, que gestiona Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, ha abierto dos procedimientos administrativos contra la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, SAREB -el conocido como 'banco malo'- por incumplimiento de las obligaciones con respecto a la titularidad de sus viviendas protegidas en Andalucía.
Y es que resulta que el Banco malo se encuentra en fraude de Ley y lo está en virtud de los artículos de la conocida Ley Antidesahucios que IU ha impulsado en el Gobierno andaluz, una norma que contemplaba la expropiación de viviendas a personas jurídicas que fue recurrida ante el Alto Tribunal por el Gobierno del PP el pasado mes de diciembre y puesta en suspensión cautelar un mes más tarde. Pero no está recurrida al completo y por lo tanto no está paralizada en su totalidad.
En esa interposición de recurso, el Consejo de Ministros hacía alusión a lo perjudicial que resultaba la Ley andaluza para la operación de rescate financiero impulsada por la Troika y que, entre otras herramientas de “saneamiento”, cuenta con un Banco malo de “activos tóxicos” que tiene como objetivo acumular la morralla de los balances de los bancos y cajas rescatados.
La SAREB fue creada en noviembre de 2012, con un 55% de capital privado (entidades financieras, ya rescatadas con dinero público) y un 45% público (del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB). Su creación está establecida en el MoU, el Memorando de Entendimiento, fruto del artículo 135 de la Constitución Española pactado por PP y PSOE, que fija las condiciones del rescate financiero a España. Según la Sareb, cuando se constituyó recibió casi 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros. La supuesta devaluación de los activos de la Sareb es, pese a no tener ninguna conexión con preceptos constitucionales, uno de los argumentos principales del Gobierno en su recurso contra la Ley andaluza Antidesahucios.
Dicho de otro modo: el Banco malo es la fórmula inventada por De Guindos y sus socios de la UE, a través del nunca reconocido rescate a España, para hacer paquetes de viviendas en stock y venderlas posteriormente a inversores por un precio muy reducido. Por eso, cuando el Gobierno de Rajoy habla de ‘activos tóxicos’ en realidad habla de viviendas que no pueden ser vendidas en este momento y que en muchos casos han sido arrebatadas a familias que no han podido pagarlas. Al justificar su recurso contra la Ley andaluza Antidesahucios ante el Tribunal Constitucional, la Presidencia del Gobierno de España adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb titulado 'Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía', que señala que "en torno a un 12 por ciento de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz", un total de 6.379 viviendas que desglosa en cuanto a vivienda libre primera residencia, 4.473; vivienda libre segunda residencia, 995; vivienda protegida, 911.
Fue a través de este informe remitido por el Alto Tribunal al Gobierno andaluz para informarle de que la norma quedaba paralizada, por el que la Consejería que dirige Elena Cortés ha tenido conocimiento de la existencia de las 911 viviendas protegidas titularidad de la Sareb que incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión.
Ante esto y en virtud de la Ley de Vivienda de Andalucía cuyos artículos relacionados con la VPO se mantienen en la Ley para garantizar la Función Social de la Vivienda, se abren posibles sanciones derivadas de estos procedimientos que ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros, siempre que la Sareb no acredite ante la Consejería que dirige Elena Cortés haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que ha reconocido que posee en Andalucía. Estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto sus 911 viviendas a disposición de los Registros.
Elena Cortés recuerda que la Ley andaluza antidesahucios no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Añade la consejera que "los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes".
Lo que queda por saber aún es si el Banco malo, en sus operaciones ya definitivas de venta de inmuebles por carteras a sociedades de gestión de activos, ha vendido o se ha deshecho de viviendas de titularidad pública. La última operación, denominada cartera Teide que se formalizó en diciembre de 2013, dio salida a más de un millar de viviendas residenciales, junto a garajes y trasteros, además de varias obras en curso, locales comerciales y suelos. En total, más de mil viviendas situadas en Madrid, Andalucía, Castilla-León, Cataluña y Galicia principalmente de las que sería conveniente saber cuántas han sido vendidas en fraude de Ley.
Y es que resulta que el Banco malo se encuentra en fraude de Ley y lo está en virtud de los artículos de la conocida Ley Antidesahucios que IU ha impulsado en el Gobierno andaluz, una norma que contemplaba la expropiación de viviendas a personas jurídicas que fue recurrida ante el Alto Tribunal por el Gobierno del PP el pasado mes de diciembre y puesta en suspensión cautelar un mes más tarde. Pero no está recurrida al completo y por lo tanto no está paralizada en su totalidad.
En esa interposición de recurso, el Consejo de Ministros hacía alusión a lo perjudicial que resultaba la Ley andaluza para la operación de rescate financiero impulsada por la Troika y que, entre otras herramientas de “saneamiento”, cuenta con un Banco malo de “activos tóxicos” que tiene como objetivo acumular la morralla de los balances de los bancos y cajas rescatados.
La SAREB fue creada en noviembre de 2012, con un 55% de capital privado (entidades financieras, ya rescatadas con dinero público) y un 45% público (del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB). Su creación está establecida en el MoU, el Memorando de Entendimiento, fruto del artículo 135 de la Constitución Española pactado por PP y PSOE, que fija las condiciones del rescate financiero a España. Según la Sareb, cuando se constituyó recibió casi 200.000 activos por valor de 50.781 millones de euros. La supuesta devaluación de los activos de la Sareb es, pese a no tener ninguna conexión con preceptos constitucionales, uno de los argumentos principales del Gobierno en su recurso contra la Ley andaluza Antidesahucios.
Dicho de otro modo: el Banco malo es la fórmula inventada por De Guindos y sus socios de la UE, a través del nunca reconocido rescate a España, para hacer paquetes de viviendas en stock y venderlas posteriormente a inversores por un precio muy reducido. Por eso, cuando el Gobierno de Rajoy habla de ‘activos tóxicos’ en realidad habla de viviendas que no pueden ser vendidas en este momento y que en muchos casos han sido arrebatadas a familias que no han podido pagarlas. Al justificar su recurso contra la Ley andaluza Antidesahucios ante el Tribunal Constitucional, la Presidencia del Gobierno de España adjuntó entre su documentación un informe de la Sareb titulado 'Análisis de Impacto y Valoración del Decreto-Ley de Andalucía', que señala que "en torno a un 12 por ciento de la cartera de la Sareb se encuentra radicado en el territorio andaluz", un total de 6.379 viviendas que desglosa en cuanto a vivienda libre primera residencia, 4.473; vivienda libre segunda residencia, 995; vivienda protegida, 911.
Fue a través de este informe remitido por el Alto Tribunal al Gobierno andaluz para informarle de que la norma quedaba paralizada, por el que la Consejería que dirige Elena Cortés ha tenido conocimiento de la existencia de las 911 viviendas protegidas titularidad de la Sareb que incumplen su función social a través de información oficial de la propia sociedad de gestión.
Ante esto y en virtud de la Ley de Vivienda de Andalucía cuyos artículos relacionados con la VPO se mantienen en la Ley para garantizar la Función Social de la Vivienda, se abren posibles sanciones derivadas de estos procedimientos que ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros, siempre que la Sareb no acredite ante la Consejería que dirige Elena Cortés haber puesto a disposición de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida los al menos 911 inmuebles de esta tipología que ha reconocido que posee en Andalucía. Estos registros establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
Las sanciones establecidas por la Ley de VPO para sanciones muy graves van de 30.001 a 120.000 euros. Por lo tanto, los procedimientos sancionadores abiertos por la Consejería podrían suponer una sanción de un máximo de 109,4 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado que la Sareb no ha puesto sus 911 viviendas a disposición de los Registros.
Elena Cortés recuerda que la Ley andaluza antidesahucios no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Añade la consejera que "los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas siguen plenamente vigentes".
Lo que queda por saber aún es si el Banco malo, en sus operaciones ya definitivas de venta de inmuebles por carteras a sociedades de gestión de activos, ha vendido o se ha deshecho de viviendas de titularidad pública. La última operación, denominada cartera Teide que se formalizó en diciembre de 2013, dio salida a más de un millar de viviendas residenciales, junto a garajes y trasteros, además de varias obras en curso, locales comerciales y suelos. En total, más de mil viviendas situadas en Madrid, Andalucía, Castilla-León, Cataluña y Galicia principalmente de las que sería conveniente saber cuántas han sido vendidas en fraude de Ley.
