martes, 14 de enero de 2014

Elena Cortés exige al Gobierno que “dé la cara” y explique un recurso que “da vía libre para desahuciar y especular”

Domingo, 12 de Ene de 2014.
La consejera afirma que la impugnación de la Ley de Vivienda pretende ocultar el “fracaso” de la moratoria estatal
       La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha acusado hoy al Gobierno central de “actuar cobardemente” y le ha exigido que “dé la cara y explique si ha presentado ya” el recurso contra la Ley de Medidas para asegurar la Función Social de la Vivienda, “cuándo lo ha hecho y en defensa de qué intereses”. “La Ley es perfectamente constitucional y se apoya en la función social del derecho de propiedad. El recurso obedece a motivos inconfensables, como la defensa de la élite financiera y de los especuladores de la vivienda a costa de castigar a las víctimas de la crisis, a trabajadores desempleados, avalistas, autónomos, precarios y pensionistas”, ha señalado la consejera, que ha afirmado que el recurso contra la Ley es “el colmo de la crueldad y la cobardía”. “Tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como la ministra de Fomento, Ana Pastor, competente en materia de vivienda, así como la representación del Gobierno en Andalucía guardan el silencio de la vergüenza”, ha dicho.
        Cortés ha asegurado que el Gobierno ha impugnado la norma “porque funciona, porque es efectiva, porque demuestra que hay alternativa a sus políticas y porque pone en evidencia el fracaso total de su moratoria para evitar desahucios”. “Están escondidos porque no se atreven a explicar un recurso que da vía libre a bancos y fondos buitre para desahuciar a familias empobrecidas por la crisis estafa y para especular con la vivienda”, ha señalado Cortés, que ha advertido también de que la impugnación impedirá sancionar a bancos e inmobiliarias por mantener viviendas vacías, “una medida que perseguía abaratar el acceso a la vivienda mediante el alquiler”. “Este recurso dificulta y encarece el acceso a una vivienda digna y adecuada”, ha añadido.
         La Ley, en vigor desde el 9 de octubre, ha permitido llevar a cabo la expropiación temporal del uso de 39 viviendas para evitar el desahucio de otras tantas familias en riesgo de exclusión social: 15 en Málaga; 6 en Granada; 5 en Sevilla; 5 en Córdoba; 3 en Almería; 3 en Almería; y 2 en Huelva. La Consejería de Fomento y Vivienda ultima unos 200 expedientes de expropiación más, que iban a ser remitidos al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) conforme concluyera su tramitación previa.
         Cortés ha destacado la “efectividad” de la norma, que ha permitido aceptar el 80% de las solicitudes de expropiación presentadas, y ha instado al Gobierno a explicar “cuánta gente se queda fuera de su moratoria embudo, que deja fuera prácticamente a todos los solicitantes”.
         Los recursos del presidente del Gobierno contra normas autonómicas invocando el artículo 161.2 de la Constitución provocan su suspensión automática, sin que el Tribunal entre al fondo del asunto, ha recordado Cortés, que ha señalado que cuando la Consejería reciba la notificación de la suspensión de la norma “solicitará de inmediato el levantamiento” de la misma sin agotar el plazo máximo de cinco meses, “al quedar desprotegidos derechos fundamentales”. Igualmente, la Consejería remitirá formalmente escritos a los juzgados que instruyen los casos de los 37 expedientes de expropiación publicados y que aún no han sido culminados por el Consejo de Gobierno para informar de que dichas familias se encuentran acogidas a medidas de protección del Gobierno andaluz.
         Cortés ha subrayado que el recurso no supondrá la suspensión de toda la Ley, sino sólo de los artículos impugnados. “La Consejería continúa intermediando para propiciar mediante incentivos la salida de miles de viviendas en manos de propietarios particulares en alquiler y garantizando la función social de las viviendas protegidas”, ha apuntado la consejera, que ha recordado que el Plan Andaluz en Defensa de la Vivienda ha evitado más de 3.200 desahucios en sólo un año. “No vamos a dar tregua”, ha insistido Cortés, que ha destacado el Plan de Vivienda y Rehabilitación, los proyectos de alquiler compensado y la paralización de todos los desalojos en el parque público como “medidas que evidencian que el Gobierno, por mucho que lo intente, no puede ocultar que hay alternativa”.
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