lunes, 28 de octubre de 2013

Nueva orden para cumplir con la función social de las viviendas en Andalucía


La Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por Elena Cortés, quiere sacar al mercado del alquiler entre 6.000 y 7.000 viviendas vacías al año porque “deshabitadas no cumplen la función social que deben tener”
La Consejería de Fomento y Vivienda ha estimado que saldrán al año al mercado del alquiler entre 6.000 y 7.000 viviendas ahora vacías a través del Programa de Intermediación en el Mercado del Alquiler de Vivienda y el Programa de Cesión de viviendas para el alquiler a entes públicos, que publica este jueves el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y de las sanciones a bancos e inmobiliarias que mantengan inmuebles desocupados. Así lo ha explicado la consejera Elena Cortés que ha animado a todas las personas físicas que tengan una vivienda vacía en Andalucía a sacarla al mercado del alquiler y ponerla en esta bolsa de viviendas.
Esta orden, cuyo origen se encuentra en la Ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda que sanciona a personas jurídicas que mantengan viviendas deshabitadas e incentiva a las personas físicas que las saquen en alquiler, busca asegurar el derecho a la vivienda.
Cortés ha asegurado que en la Comunidad andaluza existen entre 700.000 y un millón de viviendas deshabitadas y ha mostrado su apuesta por "hacer cumplir la función social de la vivienda". En este sentido, ha apuntado que este programa ofrece un aseguramiento por parte de la administración contra desperfectos e impagos para personas físicas que saquen las viviendas en alquiler, defensa jurídica y multirriesgo del hogar, una red de agentes colaboradores sin coste para la persona inquilina y establece un alquiler máximo de 600 euros al mes.
"El objetivo es sacar viviendas al mercado del alquiler a precio asequible, defender el derecho de la vivienda y la función social de la misma", ha asegurado la consejera, quien ha señalado que en Andalucía el nivel del alquiler ronda el 16 por ciento cuando en Europa se sitúa sobre el 33 por ciento.
La titular de Vivienda también ha señalado que con esta orden se da "la vuelta a las políticas de incentivo del alquiler que se venían realizando" porque "no han funcionado".
Asimismo, ha tendido la mano a los agentes públicos que quieran poner viviendas en este programa, para que "las cedan a la Consejería y esta se encarga de buscar inquilino".
FAMILIAS CON ESCASOS RECURSOS
La orden también regula el nuevo Programa de Cesión de Viviendas a Entes Públicos para el Alquiler, cuyo objetivo es captar inmuebles deshabitados para incrementar el parque público de viviendas en arrendamiento a personas con escasos recursos económicos, especialmente para aquellas familias que se encuentren en situación de emergencia o riesgo de exclusión social.
La cesión por parte del propietario se llevará a cabo a través de un contrato o convenio, donde se pactarán los términos en que se desarrollará la gestión del inmueble, su mantenimiento, conservación y reparación de desperfectos, plazo, así como aseguramiento del cobro de la renta, en su caso. Las personas que cedan sus viviendas podrán recibir como contraprestación, como máximo, 5.760 euros anuales.
"RETA AL GOBIERNO A UN DEBATE PÚBLICO"
Por último, preguntada sobre posibles avances en una comisión bilateral con el Gobierno central para analizar las diferencias sobre la Ley andaluza de función social de la vivienda, Cortés ha advertido de que el Ejecutivo nacional "ha perdido la voz", y "lo único" que conoce al respecto son unas declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, en las que señalaba que "no todo puede ser propaganda" y apuntaba a posibles efectos negativos para "la prosperidad y el empleo de una comunidad autónoma".
En este sentido, Cortés ha retado a tener un debate público sobre las consecuencias de la Ley de la función social de la vivienda y a convoque la comisión bilateral, ya que "se está hablando de derechos humanos".
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