Jueves, 3 de Oct de 2013.
La jornada que se llevó a cabo el domingo pasado en Antequera desbordó las previsiones más optimistas. Organizaciones sociales y económicas del mundo rural, alcaldes y alcaldesas, concejales de comarcas agrícolas y ganaderas, llenaron con su presencia el Museo de la ciudad de Antequera interesados en participar en el aire nuevo que Izquierda Unida quiere insuflar al medio de vida más potente con que cuenta nuestra comunidad autónoma.
Hablar de un banco de tierras, no de otra cosa, no es una abstracción, sino justamente algo mucho más concreto. Se trata del uso de las propiedades públicas al servicio de la creación de un tejido productivo, de la explotación, la generación de economía social o cooperativa y de tener garantías de canales de distribución. Se trata, en definitiva de poner al servicio de la sociedad andaluza las fincas que tienen carácter público.
Este debate –estratégico, importante, prioritario- se está abriendo paso con mucha fuerza, por mor de los pasos organizativos de Izquierda Unida y de sus alianzas sociales en nuestro territorio, al tiempo que ha despertado muchas expectativas, como ya lo hiciera la función pública de la vivienda. Porque la tierra, como la vivienda, también tiene una función social.
Esta iniciativa no puede esperar porque el medio rural andaluz y su campesinado no pueden esperar. Antonio Maíllo ha avanzado que hay que concluir el debate en la calle y en las instituciones antes del final de año. Para ello se mantendrán reuniones con organizaciones agrarias y colectivos vinculados al campo andaluz, ya que, es importante que esta propuesta sea desarrollada en alianzas con los sectores afectados. Los tiempos se marcarán en función de las alianzas, propuestas y acuerdos, pero serán ritmos rápidos.
Izquierda Unida plantea así la aprobación de un decreto-ley de patrimonio agrario andaluz, que incluye la creación del banco público de tierras y la expropiación de fincas que incumplan la función social de la propiedad y lleven sin explotarse dos años, como mínimo, siendo susceptibles de explotación agraria, ganadera o forestal, y también de aquellas en las que de modo manifiesto no se aprovechen correctamente los medios o recursos disponibles como consecuencia de obras construidas o auxiliadas por el Estado u otros entes públicos.
