SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
En declaraciones a Europa Press, la consejera considera que el
anuncio de recurso contra el decreto ley "supone un ataque frontal a la
autonomía y a la soberanía andaluzas con el único objetivo de defender
los intereses de las entidades financieras".
Por ello, lamenta que el Gobierno "se pone al servicio del
totalitarismo financiero, intentando dejar fuera de la legalidad las
políticas alternativas al neoliberalismo, algo que no va a conseguir".
La Junta ha recordado que con el Decreto Ley, la Consejería "da
respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda
que está teniendo lugar en Andalucía, vulneración denunciada incluso por
la ONU".
Considera que "cuando el Gobierno ha comprobado que el Decreto Ley
funciona y es efectivo, ha decidido recurrirlo fabricando para ello
excusas falsas", de manera que, a juicio de Cortés, "no lo recurre en
defensa de la Constitución, sino en defensa de intereses especulativos
contrarios al interés general".
La consejera ha dejado claro que el decreto ley "es hoy una norma
plenamente vigente", por lo que la Consejería "continúa con la
tramitación de expedientes de expropiación del uso de viviendas para
evitar desahucios de personas en riesgo de exclusión social, así como
con la inspección del parque andaluz de viviendas para detectar
inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción de las
personas jurídicas que los posean".
"De ninguna manera el Gobierno va a torcer la voluntad de la
Consejería de Fomento y Vivienda y del Gobierno andaluz de defender el
derecho humano a la vivienda, así como su función social, y de hacer
políticas al servicio de la mayoría trabajadora, castigada por las
salvajes políticas de recortes impuestas por la Troika y por el
Ejecutivo de Mariano Rajoy", ha aseverado Cortés.
Asimismo, insiste en asegurar que el decreto ley para asegurar la
función social de la vivienda "es plenamente constitucional", tras lo
que ha recordado que el artículo 33 de la Constitución española
"consagra la 'función social' del derecho de propiedad, función social
que forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad".
ARGUMENTOS "FALSARIOS Y TRAMPOSOS"
"España es un Estado de Derecho, no un Estado de derechas", ha
agregado la consejera, quien lamenta que el Gobierno "anuncia un recurso
sin clarificar cuáles son los aspectos objeto del mismo ni las causas
en que el mismo se sustenta".
Apunta que la alusión a que el decreto ley 'afecta al contenido
esencial del derecho a la propiedad privada' es "falsaria y tramposa".
"Las administraciones expropian propiedades cada día para
construir metros, autopistas, y hasta campos de golf, invocando para
ello el interés general, y el Gobierno no se opone", ha agregado Cortés,
quien lamenta que el Ejecutivo "está defendiendo no el derecho a la
propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso
a costa de una violenta intromisión en la soberanía andaluza".
Ha recordado asimismo que el decreto ley "fue convalidado sin
ningún voto en contra en el Parlamento andaluz, donde continúa su
tramitación parlamentaria". "Por fortuna el Gobierno no puede decretar
el Estado de excepción parlamentaria", agrega Cortés, quien deja claro
que el Parlamento "aprobará la ley", frente a lo que el PP "no votó en
contra del decreto ley y queda a los pies de los caballos", por lo que
espera que "salga en defensa del decreto ley, de la autonomía andaluza y
de su Estatuto".
"El Gobierno realiza un uso torticero de los mecanismos
institucionales a su alcance", se lamenta la consejera, quien asegura
que el Ejecutivo "ha montado una grotesca operación para cargarse de
supuestas razones en base a las apreciaciones de la Comisión Europea, en
realidad inspiradas por la visión sesgada sobre el Decreto ofrecida por
el propio Gobierno español, pero la Comisión en ningún momento alude a
una supuesta vulneración de la legislación española, mucho menos de la
Constitución, sino a la presunta posibilidad de incumplimientos del
memorando para el rescate financiero".
Lamenta que el Gobierno "sitúa este memorando por encima de la
Constitución, utiliza el Tribunal Constitucional, en el que se ha
asegurado previamente una mayoría conservadora, para defender de forma
tramposa los intereses de las mismas entidades financieras que
indecentemente ha regado con dinero público sin exigir contrapartida
alguna".
