Martes, 28 de Mayo de 2013.
Desde hace muchos años, en IU hemos distinguido la alternancia de
la alternativa política. El mecanismo de la alternancia en el gobierno
ha fortalecido al bipartidismo desde el inicio de la llamada transición
política. El bipartidismo ha sido impuesto y mantenido a través de
reglas trucadas en el sistema democrático –financiación irregular de los
partidos mayoritarios, una ley electoral injusta, control férreo de los
principales medios de comunicación, reparto por cuotas de los órganos
de gobierno del poder judicial…- pero, en estos momentos, está herido
mortalmente y por primera vez desde 1977, son posibles, al unísono, la
alternancia y la alternativa de gobierno.
Estoy convencido de que el bipartidismo no es esencialmente un
problema electoral o político, sino de profundo calado económico. El
poder económico garantiza mejor la gestión de sus intereses
estableciendo la pugna política y electoral exclusivamente sobre dos
partidos hasta ahora mayoritarios que tienen el denominador común de la
misma política económica en su núcleo básico, precisamente la que
favorece la acumulación de capital a través de enormes beneficios de las
grandes empresas, bancos y especuladores. Para tapar esta cuestión y
que parezca lo que no es, establecen un juego bipartidista ruidoso,
circense, forzado, asfixiante y artificial que está convirtiendo la
política en una gran injusticia democrática que, además, es contraria a
la Constitución. Han decidido, descaradamente, que a una economía de
mercado le debe corresponder una democracia de mercado y, al igual que
en el mercado la competencia asegura siempre el triunfo del más
poderoso, en el mercado electoral las reglas trucadas han garantizado,
hasta ahora, la imposición del bipartidismo. El hecho emblemático más
reciente de la coincidencia en lo esencial de la política económica del
PP y PSOE ha sido la reforma rapidísima de la Constitución para
priorizar el gasto de la deuda antes que los servicios públicos y las
pensiones.
El bipartidismo vive de la difusión insistente de dos ideas: por un
lado, que sólo es posible la alternancia, pero no la alternativa; por
otro lado, que las directrices de la Unión Europea y del Fondo Monetario
Internacional son incuestionables e incluso prevalecen sobre las
decisiones democráticas adoptadas por España. Esto explica por qué Rajoy
dice que le duelen mucho las medidas que adopta, reconoce su dureza y
que no estaban incluidas en el programa con el que ganó las elecciones,
pero considera que son inevitables. Algo así como el mensaje cristiano
de la resignación consistente en que hay que sacrificarse ahora para
ganar el cielo en la otra vida. La ausencia de alternativa es la
negación de la ilusión para los de abajo.
Pero, a pesar de todo, el núcleo básico de la política económica del
bipartidismo ha fracasado estrepitosamente. Zapatero comenzó en mayo de
2010 con los recortes bajando el salario a los funcionarios, no
revalorizando las pensiones… Tres años después, ahora con el PP, en
España hay más paro, más corrupción, más fraude fiscal, pagamos
intereses leoninos a especuladores extranjeros que hacen negocio con la
deuda pública, tenemos salarios más bajos, menos protección al desempleo
y más pobreza. Aquí está la razón última de que el bipartidismo se esté
desmoronando definitivamente y ese fracaso es la primera condición para
poner en pié la alternativa: el sistema bipartidista es identificado
por la ciudadanía, cada vez más, como el causante de la corrupción y de
la gestión económica que han traído paro, exclusión social y
empobrecimiento de cientos de miles de personas. Lo verdaderamente nuevo
es que ya muchas personas abrazan la esperanza de la alternativa,
piensan que tiene que haber alternativa y que lo esencial en democracia
es elegir entre proyectos distintos; es decir, se está acabando la
resignación que durante muchos años ha paralizado la posibilidad de un
cambio real.
La segunda condición para que la alternativa sea efectiva es dotarla
de un contenido programático distinto, progresista, social, realizable a
corto plazo e inscrito en una perspectiva de cambio más profundo a
medio y largo plazo. Las medidas alternativas a corto plazo deben
basarse en el estímulo del consumo y la inversión productiva, en un
papel reforzado del sector público, incluida una banca pública como
teníamos hace unos años (Argentaria, Banco Exterior de España, Banco de
Comercio, Banco de Crédito Local…), y respaldar otra política en Europa
distinta a la austeridad, que tanto daño está haciendo a millones de
seres humanos, especialmente del sur de Europa. Es necesario también
comenzar a crear las condiciones para el desarrollo de un nuevo modelo
productivo, defender el derecho a la vivienda y a todos los servicios
públicos, la exigibilidad de los derechos sociales que contiene la
Constitución y elaborar un plan específico de lucha contra la pobreza y
la exclusión social. Es necesario y posible, en fin, caminar
decididamente hacia un Estado Federal que canalice las aspiraciones de
autogobierno de las nacionalidades históricas, al mismo tiempo que
garantice la igualdad y la solidaridad entre toda la ciudadanía del
Estado.
¿Es posible esta alternativa desde el punto de vista
económico y presupuestario? No sólo es posible, sino imprescindible para
acabar con la senda de recortes, paro y pobreza. Para llevar a cabo
esta política, son necesarias medidas fiscales y de lucha contra el
fraude y la economía sumergida, es decir, aumentar los ingresos del
Estado. Algunas de estas medidas pueden ser elevar al 35% el Impuesto de
Sociedades para las empresas que obtengan al menos 1 millón de euros de
beneficio; limitar el conjunto de las exenciones, ventajas,
desgravaciones y otras facilidades fiscales a un máximo del 5% de la
base imponible del Impuesto de Sociedades; Desarrollar el Impuesto de
Solidaridad sobre las Grandes Fortunas, que sustituya al actual Impuesto
de Patrimonio; modificar la legislación sobre SICAV (sociedades de
inversión de capital variable) y limitar el sistema de módulos para
evitar que sean formas de eludir la progresividad fiscal; aplicar un
impuesto a las transacciones financieras y elevar la fiscalidad para los
productos de lujo; sumar los ingresos de trabajo y capital en la misma
base imponible. También es necesario adoptar medidas con
objetivos concretos para la reducción del déficit y la economía
sumergida como reducción del fraude fiscal en un 10% en el año 2013 y un
20% en 2014 y 2015, lo que incrementaría la recaudación en 0,5 puntos
de PIB en 2013 y un 1% en 2014 y 2015; afloramiento de un 10% de la
economía sumergida en 2013, lo que incrementaría la recaudación en 0,6%
del PIB, y del 20% en 2014 y 2015 con un incremento fiscal de 1,2 puntos
de PIB cada año; adoptar medidas para aflorar en el consumo los
billetes de 500 y 200 euros; combatir las operaciones financieras hacia y
desde paraísos fiscales; modificar la legislación sobre SICAV y limitar
el sistema de módulos para evitar que sean instrumentos para eludir la
progresividad fiscal. En fin, éstos son sólo algunos ejemplos.
La movilización sostenida en los últimos años en
forma de mareas, huelgas generales, concentraciones, manifestaciones…
con protagonismo creciente de cientos de miles de ciudadanos,
sindicatos, movimientos sociales y fuerzas políticas de izquierda, nos
hacen vislumbrar que es posible configurar un Bloque Social y Político
Alternativo al bipartidismo capaz de ganar las elecciones. Decenas de
encuestas electorales comienzan a señalar esta realidad, cada vez más
compartida por quienes están sufriendo las consecuencias de la crisis
del sistema capitalista y saben que tienen en sus manos la capacidad y
la posibilidad de organizar la respuesta a corto plazo.
LUIS SEGURA/Coordinador provincial de IU y secretario provincial del PCA
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